Encrucijadas en materia de acceso a la salud: una exploración del caso Colombiano

A través de esta investigación se realiza una exploración del Sistema General de Seguridad de Salud –SGSSS-,organizado mediante la Ley 100 de 1993, desde el punto de vista del acceso a los servicios de salud y en una perspectiva histórica que abarca los albores de las formas organizativas del Estado en materia de salud. Luego de una sentencia estructural (T-760 de 2008), algunos retoques normativos y jurisprudenciales, se han efectuado múltiples balances. En cuanto hace al acceso a los servicios se advierte que el SGSSS contiene una serie de incentivos perversos que gravitan en contra de la posibilidad del ciudadano de contar con los mismos y refuerzan las exclusiones subyacentes. El foco de la reforma realizada en 1993 consistió en dar respuesta a un problema financiero sin tener en cuenta la universalidad de este derecho ciudadano, desde una perspectiva restringida de lo que es la salud y construida a partir del pensamiento neoliberal del momento. Actualmente, se vaticinan cambios cuya profundidad aún no es clara; puede mantenerse en la tibieza de una crisis permanente con el salvavidas de la sostenibilidad fiscal. (texto tomado de la fuente)This research explores the Colombian Security System of Health –CSSH-, organized by Act 100 of 1993, from the point of view of access to health services and in a historical perspective covering the beginnings of state organizational forms in health. After a Constitutional Court‟s structural judgment (T-760 de 2008) and few legal and judicial tweaks, multiple balances have occurred. Regarding access to services, we find that the CSSH contains perverse incentives against citizens, making difficult the access to health services and reinforcing social exclusions. The Act 100 focused on responding to a financial problem, regardless the universality of this civil right; This Act adopted a narrow perspective of health and was built on a neoliberal thesis. Currently, changes are predicted, though the depth of them is not clear; the CSSH can stay in the warmth of a permanent crisis with the fiscal sustainability as the lifeguard.MaestríaDerecho Constituciona

El procedimiento legislativo : una prueba de la mutación del rango, la fuerza y el valor de la ley en Colombia

334 páginasEl objeto de la presente investigación es analizar y sistematizar las etapas que conforman el procedimiento legislativo en Colombia, a través del examen de los principios y de las reglas contenidas en las disposiciones constitucionales y orgánicas, así como del estudio de la jurisprudencia de las altas cortes en la cual se ha fijado el alcance de las mismas. Así pues, el propósito de la investigación se circunscribe a determinar cuáles son las exigencias procedimentales que deben cumplir los parlamentarios para expedir válidamente las leyes, esto es, para que al ser confrontado su procedimiento de elaboración con los requerimientos establecidos para el efecto en el ordenamiento superior, no sean halladas viciadas por la Corte Constitucional debido a errores en su trámite de confección. En este sentido, la tesis que se sostiene es que con la creación de la Corte Constitucional en la Carta de 1991, como un tribunal especializado para el control de la forma en el que se elaboran las leyes, el entendimiento de las normas que contemplan las exigencias para adelantar válidamente el trámite legislativo se ha tecnificado.The purpose of the investigation is to analyze the stages of the legislative procedure in Colombia through the study ofthe principies and the rules of the constitution and the law. The thesis held is that the interpretation of the legislative process has been specializing and specifying because the establishment of the Constitutional Court in the Constitution of 1991.Magíster en DerechoMaestrí

La institucionalización de la vejez en Uruguay: del Hospital de Caridad a las “casas de salud”. Las leyes y las fundamentaciones que la hicieron posible

En los últimos cincuenta años en Uruguay, el ingreso de las Personas Adultas Mayores en establecimientos de residencia se ha convertido en una práctica extendida. Si bien varían el perfil de su población objetivo, la totalidad de estas instituciones tienen en común la exigencia de contar con la dirección técnica de un médico, preferentemente con especialidad en geriatría. Por otra parte, los datos oficiales indican que en el presente, estos dispositivos de cuidado se ubican en un 90 % dentro de la órbita privada regulada por reglas del mercado, distribuyéndose el restante 10 % entre establecimientos estatales y emprendimientos privados sin fines de lucro que cuentan con el apoyo de políticas públicas. Con respecto a las normativas, la Ley Nº 17.066 de Hogares de Ancianos, aprobada en 1998, es la primera en el país dirigida a regular estos emprendimientos privados. A pesar de su vigencia, y de las múltiples disposiciones que en los últimos veinte años se han sancionado sobre la temática, el control estatal para el cumplimiento de las reglamentaciones es claramente deficitario. Es evidencia de lo anterior los datos aportados por el Ministerio de Salud Pública en el año 2018, según los cuales: sólo 18 establecimientos de un total de 943 registrados, se encuentran habilitados para funcionar. La presente situación interpela desde una perspectiva de derechos las formas de cuidado dirigido a un sector importante de población. Es propósito de este trabajo aportar insumos que permitan problematizar esta práctica que parece haber sido naturalizada por nuestra sociedad. La investigación se posiciona desde la perspectiva genealógica propuesta por Foucault, en pro de comprender ¿cómo esta situación llegó a ser posible en Uruguay? Para ello se realiza una búsqueda de documentos que den cuenta de la institucionalización de la vejez en la historia del país. Dentro del material consultado se consideraron las reglamentaciones reguladoras de este tipo de instituciones, atendiendo el propósito de las mismas y el perfil de la población objetivo a las que estaban dirigidas, así como los proyectos y debates parlamentarios en los que se fundamenta esta práctica y la participación de distintos actores en la misma.In the last fifty years in Uruguay, the entry of the Elderly in residential establishments has become an extended practice. Although the profile of the target population varies, all of these institutions have in common the requirement of having the technical direction of a doctor, preferably with a specialty in geriatrics. On the other hand, official data indicate that at present, these care devices are located at 90% within the private orbit regulated by market regulations, with the remaining 10% being distributed among state establishments and private nonprofit ventures that they have the support of public policies. With regard to regulations, Law No. 17.066 on Nursing Homes passed in 1998, is the first in the country aimed at regulating these private enterprises. Despite its validity, and the multiple provisions that have been sanctioned on the subject in the last twenty years, state control for compliance with regulations is clearly deficient. Evidence of the above is the data provided by the Ministry of Public Health in 2018, according to which: only 18 establishments out of a total of 943 registered are enabled to operate. The present situation questions from a rights perspective the forms of care aimed at an important sector of the population. It is the purpose of this work to provide inputs that allow problematizing a practice that seems to have been naturalized by our society. The research is positioned from the genealogical perspective proposed by Foucault, in order to understand how this situation became possible in Uruguay? To do this, a search is made for documents that account for the institutionalization of old age in the country's history. Within the material consulted, the regulatory regulations of this type of institutions were considered, taking into account their purpose and the profile of the target population to which they were addressed, as well as the parliamentary projects and debates on which this practice is based and the participation of different actors in it

La protección constitucional del medio ambiente sano en Colombia

[ES] Teniendo como referente la Constitución Política de 1991, el derecho al medio ambiente sano, se distingue al ser considerado como un derecho colectivo de “tercera generación” pues fue el interés del constituyente derivado, en incorporar el aspecto ambiental de manera transversal en el ordenamiento superior, al estar relegado este tema en la Constitución de 1886, siendo indispensable en acatar el compromiso del reconocimiento y protección al derecho a gozar de un medio ambiente sano, asumido en la Conferencia de Estocolmo y posteriormente devino en la Declaración de Río, la necesidad de incluir un modelo de desarrollo sostenible, efectivamente, Colombia entró a la vanguardia de las otras constituciones del mundo al insertar este “nuevo derecho” en más de treinta y cuatro artículos constitucionales lo que según la Sentencia T-411/92, la ha denominado como una “Constitución ecológica, verde o ambiental”, además de ser progresista en sus pronunciamientos. Así las cosas, transitamos dentro del estudio investigativo en un análisis de temas trascendentales como: las categorías de los derechos, aspectos jurídicos legales del desarrollo del medio ambiente, las acciones constitucionales, el activismo judicial de la Corte Constitucional colombiana y luego concluir, con la jurisprudencia constitucional sobre medio ambiente sano en Colombia. Es en este contexto, donde surge el planteamiento: ¿Cómo puede un derecho de tercera generación que ha sido vulnerado y cuya vía procesal son las acciones populares, acudir a través de la acción de tutela para buscar su protección en sede judicial?. Así las cosas, el estado de la cuestión del presente estudio investigativo, se centró en analizar las diferentes tendencias adoptadas en la protección ambiental por la Corte Constitucional desde el periodo comprendido entre el 4 de julio de 1991 hasta el día 4 de agosto 2014, iniciando con la Sentencia T-403/92, y finalizando con la Sentencia T-197/14, dada la delimitación del problema de estudio elegido, que permite identificar los supuestos teóricos y jurídicos directamente relacionados con el objeto de investigación, allí se tomó una muestra representativa de 359 pronunciamientos de esa alta Corporación, enfocando nuestro análisis específicamente en las acciones de tutela, sin dejar de lado, las Sentencias de Constitucionalidad, Sentencias de Unificación y Autos, para lograr identificar cinco líneas jurisprudenciales dentro del medio ambiente sano, cuya fluctuación se dio inicialmente como un derecho fundamental, transitó a la teoría de la conexidad, siguió a tener una doble titularidad de los derechos subjetivos y colectivos, posteriormente acogió de nuevo la fundamentalidad pero bajo la preceptiva de instrumentos internacionales y finalmente indicar, la equivalencia en fundamentalidad de derechos y la transversalidad del medio ambiente con los demás derechos prestacionales

Análisis de la demanda y oferta de servicios policiales en Colombia. Para el posconflicto: una visión de desarrollo sostenible

La importancia del análisis de demanda y oferta (ADO) de servicios de policía para Colombia, radica en que se obtiene a través de una inferencia del tipo causa–efecto, sobre la base de las variables del contexto que influyen en ellas. Existe un vacío en la literatura, respecto a los modelos usados para este tipo de análisis. Tampoco se evidencia un ADO de servicios policiales en Colombia. Dando respuesta a esta necesidad, este estudio tiene como objetivo diseñar un modelo de análisis de demanda y oferta de servicios de policía (MADOSP) para la Policía Nacional de Colombia (PONAL), que evalúe la relación entre los servicios ofertados y la satisfacción de las necesidades de los grupos sociales objetivo. Se ha realizado un estudio longitudinal, de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, se exponen los resultados del ADO de servicios policiales en Colombia, para el periodo de 2003 a 2019. La investigación comprende la identificación de los factores económicos, sociales, ambientales e interinstitucionales que más influyen en la demanda y la oferta de servicios de policía, su priorización y correlaciones más significativas. Se define igualmente que factores se relacionan significativamente con el deterioro de las condiciones de seguridad, convivencia y tranquilidad ciudadanas (CSCTC). Se realizó análisis confirmatorio usando las técnicas estadísticas más convenientes de acuerdo al tipo y cantidad de datos recolectados. Los resultados alcanzados, aportan a la generación de conocimiento en gestión organizacional y administración policial. Se plantea un MADOSP que ha sido formulado de forma coherente, pertinente y suficiente con los requisitos del servicio de policía, los retos del posconflicto y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) del país y se ha probado estadísticamente. El ADO que resulta de la presente investigación ofrece un aporte excepcional que se constituye en una herramienta gerencial para los responsables de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PNSCC), que les permite evaluar la capacidad de la PONAL de satisfacer la demanda de sus grupos sociales objetivo. Para los clientes externos, para que participen activamente en la evaluación del servicio y aporten a la mejora y para los organismos de vigilancia y control, como criterio de revisión de las estrategias operativas formuladas por la PONAL. Palabras Clave: motivo de policía, demanda de servicios, oferta de servicios, servicios de policía, convivencia ciudadana, seguridad ciudadana, tranquilidad ciudadana, delitos

Nacionalidad dominicana e identidad nacional como educación de valores. Estudio comparativo entre estudiantes dominicanos y haitianos en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD)

El desarrollo de los paradigmas científicos nos presenta la curiosidad de comprender si el fenómeno educativo puede establecerse empíricamente como una teoría. En la realidad histórica de la coexistencia de dos Estados soberanos en el territorio de una misma isla, La Hispaniola, con dos capitales, y una historia compartida pero negada por cada una de las comunidades, hacen de las relaciones inter-societarias un caso de tensión y conflicto internacional, deseamos probar esta posibilidad. La historia marca que la formación de dos naciones diferentes cultural y étnicamente se produjo como resultado de la Guerra de Religiones en Europa, en el siglo XVII, que desembocó en dos colonias diferentes. En el curso de la historia, la parte oriental se independizó de la occidental y desde entonces tienen una coexistencia negadora de la existencia del “otro”. Con la sentencia Nº 168-13 del Tribunal Constitucional Dominicano, se produce un escenario de tensión por las consecuencias de apatridia entre la población dominico-haitiana. En este marco, la presente investigación pretende establecer que el modelo cognitivo-educativo es coherente para ambas poblaciones de la isla Hispaniola, a partir de una muestra de estudiantes de la Universidad Católica Santo Domingo

Los Derechos constitucionales de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial en el sector de hidrocarburos en el Perú

1. Con relación al Capítulo I, establece los aspectos metodológicos de la tesis, que apunta a determinar cuáles son los factores de carácter normativo que determinan el probable no resguardo de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en aislamiento de la Amazonia Peruana en las actividades económicas de hidrocarburos. 2. Con relación al Capítulo II, se hace un análisis del derecho a la consulta previa y otros derechos indígenas asociados al mismo, revisando para ello la normatividad internacional y nacional, así como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hasta llegar al estado actual de desarrollo de dicho derecho, y mostrar las deficiencias en su implementación. 3. Con relación al Capítulo III, aborda la normatividad de concesiones en el sector de energía y minas, esto es en las actividades de hidrocarburos, minería y electricidad, para efectos de articularlas con el ejercicio de los derechos indígenas, y se concluye que en los mismos no se viene respetando los derechos indígenas como más adelante desarrollaremos. 4. Con relación al Capítulo IV, en el mismo se desarrolla el estado actual del derecho a la consulta previa y la propiedad comunal, en el contexto del aprovechamiento de los recursos naturales y el sistema nacional de evaluación de impacto ambiental. Advertimos en el mismo que la institucionalidad estatal en materia indígena a nivel del Estado, si bien siempre ha sido débil, en los últimos dos años ello se ha acentuado con la desaparición del INDEPA como Órgano Público mediante Decreto Supremo No 001-2010-MINCU, y la extinción del Grupo Técnico de Coordinación Interinstitucional Camisea (GTCI CAMISEA), mediante Decreto Supremo Nº 071-2009-EM. (...) 5. Con relación al Capítulo V, analiza las inconstitucionalidades de las que está preñada la normatividad sobre consulta previa vigente, especialmente teniendo en cuenta que sin una autoridad estatal indígena fuerte y autónoma, la legislación sobre protección de pueblos indígenas ha naufragado entre la desidia burocrática de los sectores responsables y la ausencia de voluntad política de los gobiernos de turno, así no sorprende que el régimen multisectorial ni el comité de gestión de protección de PIAV, ni el documentos de planificación para la protección de estas poblaciones se hallan elaborado, actualizado o puesto en vigencia la escazas normas al respecto. (...)--- 1. With regard to Chapter I, provides the methodological aspects of the thesis, which aims to identify the factors that determine normative probably not guard the constitutional rights of isolated indigenous peoples of the Peruvian Amazon in the economic activities of hydrocarbons. 2. With regard to Chapter II, provides an analysis of the right to prior consultation and other indigenous rights associated with it, checking for this national and international norms and the jurisprudence of the Constitutional Court, up to the current state of development of the right, and show weaknesses in its implementation. 3. In relation to Chapter III addresses the regulation of concessions in the energy and mining sector, namely in hydrocarbon activities, mining and electricity, to articulate the purpose of the exercise of indigenous rights, and concludes that in the same not respecting indigenous rights comes as later develop. 4. With regard to Chapter IV, it is developed in the current state of the right to prior consultation and communal property, in the context of the use of natural resources and the national system of environmental impact assessment. Caution in the same state institutions on indigenous at the state level, but has always been weak in the past two years it has been accentuated by the disappearance of INDEPA as a public body by Supreme Decree No. 001-2010-Mincu, and extinction of Interagency Coordination Technical Group Camisea (GTCI CAMISEA), by Supreme Decree No. 071-2009-EM. (...) 5. With regard to Chapter V analyzes the unconstitutionality of which is pregnant on consultation regulations in force, especially considering that without a strong Indian state authority and autonomous legislation protecting indigenous peoples has sunk between the bureaucratic apathy responsible sectors and lack of political will by successive governments, so it is not surprising that the regime nor multisectoral committee PIAV protection management, nor the planning documents for the protection of these populations are developed, updated or placed in few force the rules. (...)Tesi